La Fundación Francisco Franco exige a Carmena reponer el monumento a los ‘Alféreces Provisionales’

La Fundación Nacional Francisco Franco ha dirigido un escrito a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, para que “proceda a reponer” el monumento a los ‘Alféreces Provisionales’, retirado el 2 de febrero, “en el plazo máximo de diez días”, tras el cual interpondrá recurso contencioso-administrativo.

Según la fundación, el monumento erigido en 1960 y ubicado desde entonces en la calle Felipe IV, frente al Casón del Buen Retiro, con el “absoluto beneplácito de los ciudadanos”, fue desmontado y retirado “por la vía de hecho y prescindiendo absolutamente de la normativa legal reguladora”.

En un comunicado, señala que esta actuación no estaba “legitimada por un acto administrativo previo para llevarla a cabo”, y que según los art. 51 y 52 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, es “requisito sine qua non la existencia de una previa resolución expresa del órgano administrativo competente” que legitime la actuación.

“La inexistencia de acto administrativo legitimador de dicha actuación material, comporta la nulidad radical de todo lo actuado, al constituir un supuesto de vía de hecho frente al que se puede solicitar directamente la intervención jurisdiccional”, añade el escrito.

La fundación “requiere” al Ayuntamiento que reponga el monumento “al lugar del que ha sido retirado en las mismas condiciones que estaba”, y añade que “si en el plazo máximo de diez días no fuera atendido lo requerido, se deducirá directamente recurso contencioso-administrativo para el pleno restablecimiento de la situación jurídica vulnerada”.

Asimismo, solicitará “suspensión cautelar de la actuación material impugnada con cuantos efectos le son inherentes”, concluye el escrito firmado por el abogado Pedro Cerracín.

El Ayuntamiento de Madrid, tras iniciar el pasado viernes la retirada de vestigios del franquismo, aprobada en el pleno municipal del 22 de diciembre, decidió ayer suspenderla hasta que esté desarrollada una normativa municipal que indique el modo apropiado de aplicar la Ley de memoria histórica, tras las críticas de PP, PSOE y Ciudadanos a su gestión en este asunto.

Según la concejala de Cultura Celia Mayer, dichos monumentos son “de titularidad municipal” y se retiraron de forma urgente por el proceso judicial abierto contra la institución por el abogado Eduardo Ranz, que acusa al Ayuntamiento de no aplicar la Ley de memoria histórica.

Sin embargo, la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid ha abierto diligencias para averiguar si procede expedientar al consistorio madrileño por esta actuación.

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