Exageración y disimulo

Francisco Pomares //

Yo diría que el informe de la Dirección General de la Policía es bastante exagerado. La cifra de 140.000 inmigrantes que entrarían por Canarias –de un total de 180.000 en todo el territorio nacional– responde a un pronóstico de brocha gorda. Se ha realizado el cálculo cogiendo la media de emigrantes llegados en los primeros días del mes de noviembre –el de mayor afluencia del año, como resultado de los mares tranquilos- y multiplicando por 365. No conozco muchos sistemas de pronóstico que utilicen como variable la peor cifra del año. Por poner un ejemplo, es como si Aviación Civil calculara el número de muertos en accidentes de aviación en España multiplicando por 365 los fallecidos un día en que se ha producido un accidente aéreo. Sería una previsión disparatada. Como lo son estas: si las previsiones que plantea la Dirección General de Policía llegaran a producirse, la situación que se crearía en Canarias resultaría de una gravedad insostenible: para hacernos una idea, si no se modifica el criterio actual del Gobierno, contrario a la dispersión de inmigrantes en la península, sería necesario utilizar la mitad de la planta hotelera del archipiélago –la mitad, una de cada dos camas– para hospedar a los inmigrantes irregulares que llegaran. Por suerte, el informe, fechado a principios de este mes de noviembre, no parece creíble. Las cifras serán probablemente muy inferiores, al menos en los próximos años, aunque si no se toman medidas la presión migratoria de África sobre su frontera atlántica –Canarias- podría llegar a ser dramática.

La exageración de las previsiones no implica, sin embargo, que las propuestas del informe para evitar la avalancha que se diagnostica sean absurdas: lo que se plantea es que el Gobierno de España articule políticas destinadas a impedir la salida de emigrantes desde Gambia, Senegal y Mauritania y a conseguir que Marruecos acepte la devolución de sus nacionales, algo a lo que se ponen inconvenientes, en parte como consecuencia de las restricciones a la libre circulación establecidas ante la pandemia, y en parte porque tradicionalmente Marruecos juega siempre a sacar ventaja de cualquier situación de crisis –sobrevenida o inducida-, y esta vez no va a ser la excepción. Los viajes la semana pasada del ministro Grande Marlaska a Marruecos, y de la ministra González Laya a Senegal, demuestran la tardía voluntad del Gobierno de tomar la iniciativa y llegar a acuerdos con los países de donde parte el éxodo.

El otro mecanismo desincentivador es negar desde el Gobierno de España que se vayan a producir derivaciones. Se dice para cumplir con los compromisos adquiridos con Europa, partidaria de evitar que los magrebís y sahelianos alcancen el continente, y especialmente Francia, que es el destino principal de la emigración magrebí, como demuestra un ejemplo reciente: apenas dos semanas después de desembarcar en la costa de Famara retransmitiendo por Instagram su llegada, el joven marroquí Hazma Tarik fue detenido en París.

El Gobierno de España –lejos queda la odisea del Aquario– cree que las derivaciones a península producen un ‘efecto llamada’ al permitir a los inmigrantes alcanzar sus destinos. El mensaje es entonces que todo el que intente entrar en España de forma irregular será repatriado. El ministro Ábalos insiste que no van a producirse traslados. Pero eso no es cierto: la constancia de que se están produciendo –la semana pasada a Sevilla, por ejemplo- unida a las continuas peticiones de discreción a las autoridades canarias, demuestran que esas derivaciones se siguen realizando, aunque respondan a situaciones especiales y no sean todo lo numerosas que se querría desde Canarias.


*Publicado en El Día

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