El Gobierno central rectifica con las deducciones fiscales al cine hecho en Canarias

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha comprometido este lunes a promover una modificación legislativa por la que se fije en un 80% el diferencial fiscal entre Canarias y el resto del Estado para las deducciones a las producciones audiovisuales.

Según informan el Partido Socialista y Nueva Canarias en un comunicado conjunto que adelantó Tiempodecanarias.com, el acuerdo se ha alcanzado como paso previo a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado entre ambas formaciones. Con este acuerdo se pondría fin al conflicto abierto entre el Archipiélago y el Estado, después de que tanto el Congreso de los Diputados como propio Ejecutivo central aprobaran sendas normas en las que este diferencial se veía reducido a un 24%.

De acuerdo con la información facilitada por PSOE y NC, el compromiso se alcanzó en una reunión entre la ministra de Hacienda y el líder del PSOE en las Islas y presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres; el presidente de NC y vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, y el diputado en el Congreso de NC, Pedro Quevedo, en el marco de los contactos previos a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado y como medida para restablecer el diferencial fiscal establecido en el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias.

Así, según indican las dos formaciones políticas, María Jesús Montero “se ha comprometido con Torres, Rodríguez y Quevedo a llevar a cabo una modificación de la Ley antes de que acabe el año 2021, en aras de zanjar el problema suscitado, ya que, mientras que la Abogacía del Estado ha aclarado en un informe que las recientes modificaciones introducidas no vulneran el REF al no estar fijado un porcentaje para los límites, desde el Parlamento y el Gobierno de Canarias se entiende que sí”, sostienen los dos partidos.Con el cambio legal acordado este lunes, “se establecerá definitivamente por escrito el diferencial del 80 % a favor de Canarias para ajustarse a la filosofía del REF mediante una modificación legislativa antes de final de año”

Torres, Rodríguez y Quevedo plantearon como paso previo a la negociación de los próximos Presupuestos estatales –indican PSOE y NC– la necesidad de alcanzar un acuerdo sobre el diferencial fiscal en materia audiovisual. Hasta el pasado año, el Archipiélago poseía una bonificación máxima en este ámbito 5,4 millones de euros, lo que se traducía en un diferencial del 80 % con respecto a la fiscalidad aplicada en el resto del Estado. Sin embargo, el pasado año el Ejecutivo central elevó a 10 millones de euros la bonificación en esos territorios, manteniendo la de Canarias igual. Esta anomalía se intentó arreglar a través de una enmienda del PSOE a la Ley Antifraude, recientemente aprobada en el Congreso, en la que se elevó la bonificación máxima en el Archipiélago hasta los 12,4 millones de euros, lo que supone situar el diferencial fiscal en el 24%.

Esta propuesta fue rechazada de forma unánime por el Parlamento de Canarias en el informe que debe emitir de forma obligatoria cada vez que se produce una modificación del REF, lo que –de acuerdo con lo establecido en el nuevo Estatuto de Autonomía– obligaba a abrir un proceso negociador entre Canarias y el Estado antes de que la norma fuera definitivamente aprobada. Sin embargo, este requisito no fue atendido y el Congreso de los Diputados dio luz verde a la norma con la redacción rechazada en las Islas. De forma paralela, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto ley en el que se incluía la misma previsión, pero dotándola de un carácter retroactivo hasta enero de 2020, para hacer coincidir la aplicación del alza con loa aprobada para el resto del Estado. En esta ocasión, no se requirió el informe preceptivo la Cámara autonómica.

El presidente canario, Ángel Víctor Torres, interviene en el pleno monográfico sobre el REF celebrado el pasado martes.

El presidente canario, Ángel Víctor Torres, interviene en el pleno monográfico sobre el REF celebrado el pasado martes.

Tras consumarse estas modificaciones legales, el Ejecutivo canario anunció su intención de abrir una negociación política con el Estado para intentar reconducir la situación antes de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, postura que defendió el presidente canario la pasada semana en un pleno monográfico en el Parlamento, en el que todos los grupos coincidieron en condenar unánimemente la violación del REF, aunque el acuerdo no se extendió a la forma de responder a la misma, con la oposición pidiendo el recurso ante los tribunales y el Gobierno abogando por dar primero una oportunidad a la negociación.

Una negociación que, de acuerdo con el anuncio de las dos fuerzas políticas, parece haber dado sus frutos este martes en una reunión a a la que también asistió el director del Gabinete de la ministra, Carlos Moreno, y en la que “se acordó dar una salida política a la discusión planteada en torno a las deducciones fiscales establecidas en el Régimen Económico y Fiscal para las producciones audiovisuales”, según señalan PSOE y NC en el comunicado remitido por ambas formaciones.Torres, Rodríguez y Quevedo plantearon como paso previo a la negociación de los próximos Presupuestos estatales –indican PSOE y NC– la necesidad de alcanzar un acuerdo sobre el diferencial fiscal en materia audiovisual

Con el cambio legal acordado este lunes, “se establecerá definitivamente por escrito el diferencial del 80 % a favor de Canarias para ajustarse a la filosofía del REF mediante una modificación legislativa antes de final de año”. De esta forma, detallan, si se aplican deducciones por 10 millones de euros en el resto del Estado –como ocurre en la actualidad–, en Canarias se aplicarán 18 millones de euros. De esta forma, aseguran, “se disipará la controversia sobre las modificaciones del REF que afectan a las producciones audiovisuales en Canarias, en cuya Disposición Adicional XIV se fijaban cantidades exactas en los topes para las deducciones a esta actividad y no se establecían los porcentajes de diferencial positivo para Canarias con respecto al resto del territorio estatal”.

Ambas formaciones políticas consideran “que este acuerdo otorgará más seguridad al sector y eliminará de forma inequívoca posibles interpretaciones jurídicas en el futuro sobre la Ley”, señalan en su comunicado.

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