El Consejo de Ordenación del Territorio acuerda una modificación menor del PEP para salvaguardar el inmueble
La Comisión Permanente de Ordenación del Territorio y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de La Laguna ha acordado proponer al pleno de la corporación el inicio de un expediente de modificación menor del Plan Especial de Protección con el objetivo incluir varios inmuebles del municipio en el catálogo de construcciones protegidas, garantizando así su conservación, frente a la amenaza de un posible derribo.
El más destacado de estos inmuebles es una antigua vivienda de dos plantas ubicada en la avenida Lucas Vega, en la zona de San Benito (donde antaño estuvieron ubicados los Talleres López), de la cual se ha acordado iniciar la catalogación de su fachada y de otros elementos arquitectónicos patrimonialmente importantes, como el volumen y la cubierta. La casa, que data del siglo XVIII, responde al modelo de arquitectura vernácula tradicional de tradición mudéjar, con corredor lateral y cubierta de tejado a cuatro aguas revestida de teja árabe.
El concejal de Ordenación del Territorio de La Laguna, Santiago Pérez, sostiene que el “inmueble posee unos valores patrimoniales indiscutibles y además, durante muchos años ha conformado una imagen característica del entorno de San Benito junto con la ermita, que son muy importantes en la ciudad y en la idiosincrasia lagunera”, y explica que esta medida de protección “forma parte de la gestión del patrimonio histórico desde el punto de vista urbanístico, que vamos a seguir desarrollando, tratando de encontrar siempre un punto de equilibrio entre los valores patrimoniales que deben ser preservados y las consecuencias que conlleva su catalogación”.
“La sensibilidad del actual grupo de gobierno en este asunto es máxima”, asegura Santiago Pérez, “siendo conscientes de que la protección del conjunto histórico a largo plazo debe contener un alto grado de sostenibilidad desde el punto de vista económico”.
El concejal recuerda “que en caso de que un inmueble sea catalogado como protegido, su propietario pierde la posibilidad de demolerlo y reconstruirlo si se encuentra en situación de deterioro o de ruina. Y si el propietario no tiene la voluntad o la capacidad económica para recuperarlo, finalmente será la administración la que se vea obligada a rehabilitarlo y mantenerlo con dinero público que luego podría no recuperarse. Por tanto estamos hablando de una relación entre objetivos a alcanzar y disponibilidades económicas para hacerlo”.
