Manifiesto por la cultura

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A pocos días de la celebración de las elecciones locales y autonómicas, la sociedad civil en Canarias se manifiesta por la cultura y expone una serie de pautas a las candidaturas y partidos políticos que se presentan, con la intención de que se tengan en cuenta a la hora de llevar a cabo sus políticas culturales. Una ojeada a los programas de distintos partidos y agrupaciones políticas en materia de cultura, no resultan halagüeñas en el sentido de dedicación, intencionalidad o conocimiento al respecto. En gran medida, escasa imaginación, lugares comunes o vuelta a programas sin sentido de cara a la realidad y necesidades de las islas.

Es, por tanto, importante que distintas sociedades y asociaciones culturales de las islas hayan pasado a la acción manifestando desde su experiencia, cuál debe ser el camino por el que presumiblemente haya que caminar, para evitar se cometan errores que por acción u omisión hayan podido producirse. Lo hacen, conscientes, como principia su manifiesto, de que “nuestra sociedad ha alcanzado un nivel de complejidad derivado del incremento de la población, la actividad económica, la diversidad de las relaciones sociales, la interrelación de las regiones y el desarrollo de nuevos espacios de comunicación”. También, de que los recursos son escasos pero no por ello hay que obviar dedicar los más posibles a la cultura, ya que como acertadamente afirman, si alto es el coste de la cultura “mucho mayor es el coste de la ignorancia”.

El punto inicial para esta intervención, es evidente. La cultura es un derecho reconocido por la ONU y la Unión Europea, y está establecido en muchas Constituciones, incluida la española (especificando sus competencias en los artículos 148 y 149), así como el Estatuto de Autonomía canario. Es un derecho, además, al ser la manifestación de la expresividad humana, sin la cual no hay vida digna posible, como se afirma en el punto 2 del manifiesto, y por tanto, hay que atenderla.

¿Y cómo hacerlo desde Canarias? El manifiesto orienta por la necesidad de favorecer entornos de cooperación entre las administraciones a fin de reducir los efectos de “una confusión competencial” y avanzar en un modelo de gobernanza que evite la discrecionalidad y fomente la participación ciudadana “en los procesos de toma de decisiones que afecten a la cultura”. Estas observaciones son elocuentes de cara a la necesidad de implantación de una guía de buenas prácticas en la gestión cultural para optimizar los recursos. La gobernanza –palabra de reciente creación y difusión que se ha acuñado con la misión de denominar a la eficacia, la calidad y la satisfactoria orientación de un estado, hecho que le atribuye a éste una buena parte de su legitimidad-sería algo así como una “nueva forma de gobernar”, que promueve un nuevo modo de gestión de los asuntos públicos, fundamentado en la participación de la sociedad civil a todos sus niveles: nacional, local, internacional y regional.

Concreta el manifiesto que comentamos, la necesidad de “culminar el proceso de desarrollo del Plan Canario de la Cultura”, revisándolo para incorporar algunos aspectos y que desde el Parlamento se tramite como plan estratégico. Este Plan, que inició sus trabajos en 2009, planteado como un plan de acción para el conjunto del sector cultural canario hasta el 2020, no nació como tal hasta mayo de 2011 pero convertido en simplemente estrategia canaria de cultura para el período 2012-2015 a causa de la crisis económica, por lo que nos encontramos en su último año de funcionamiento a la espera de la evaluación de resultados. Sin embargo, en febrero del pasado se creó el llamado Consejo Canario de la Cultura, concebido en el estudio del Plan como un espacio de reflexión, confluencia y coordinación del sector de la cultura para su seguimiento, conjuntamente con otra estructura nonata  como la del Observatorio de la Cultura. Este Consejo ha venido funcionando desde entonces, a ralentí y para muchos con una gran carga de presencia institucional y de individualidades de la cultura. En este sentido se entiende que el manifiesto propugne la necesidad de profundización democrática del Consejo Canario de la Cultura, para que “gane en capacidad de iniciativa y garantice la representación plural de la sociedad civil canaria”.

Finalmente, el manifiesto plantea para el logro de los objetivos planteados el incremento de la asignación económica de los presupuestos de cultura de todas las instituciones, hasta alcanzar en 2019 el gasto medio en cultura del conjunto de las administraciones españolas antes de 2008, fecha del desencadenamiento de la actual crisis, para poder así acortar “la distancia histórica en el gasto cultural público entre Canarias y la media del Estado español”. Se trataría con esta medida de que, al final de de la próxima legislatura, el gasto en cultura del Gobierno de Canarias se sitúe en el 1,21% (exceptuando inversión en infraestructura) y el de los Cabildos y ayuntamientos en el 5,19%.